Declaración final del Seminario El Vaticano, la ITF y los empleadores se unen para luchar por la justicia global

El 4 y 5 de marzo de 2019, en la Casina Pio IV del Vaticano, el Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, con la colaboración de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), organizó la primera cumbre de líderes sindicales, fabricantes y expertos en tecnología del transporte de todo el mundo. Estuvieron presentes representantes de la ITF y sus sindicatos afiliados, así como otros actores del sector, tales como Deloitte, Transdev, MSC Shipping, Nuovo Trasporto Viaggiatori, Volvo, General Motors, Securing Americas Future Energy y Daimler Financial and Mobility Services.

En la cumbre, se abordaron algunos de los mayores desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea, incluida la promoción de la justicia social, económica y ambiental, y se concluyó con el compromiso de desarrollar un programa de trabajo en común para dar respuesta colectiva a estos desafíos. A continuación, se expone resumidamente nuestra declaración sobre los temas tratados:

Introducción

El objetivo de esta primera cumbre fue conformar un grupo compuesto por actores del sector que asumen su actividad con responsabilidad, con el fin de generar conciencia global sobre los desafíos que afectan al sector del transporte en particular y a la sociedad en su conjunto: la esclavitud moderna, la trata de personas, la explotación laboral, la automatización y el cambio climático. La carta encíclica Laudato si', la segunda encíclica del Papa Francisco, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, brindan a los sindicatos, las empresas y los gobiernos un marco para la acción colectiva frente a los desafíos y las oportunidades que presentan estos problemas. Junto con la Iglesia Católica, nos comprometemos a continuar el diálogo a nivel internacional, nacional y local para proteger y promover los derechos humanos y laborales como medio para luchar por la justicia en estas temáticas.

La libertad sindical, el derecho a organizarse, a la negociación colectiva y a la acción conjunta son derechos humanos fundamentales. Las organizaciones sindicales siempre han estado a la vanguardia de la construcción de nuevos modelos de desarrollo ambiental, económico, social e integral y de la promoción de nuevas formas de trabajo. Estas iniciativas deben llevarse a cabo conjuntamente con otros actores pertinentes de la industria y de la sociedad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece las prioridades de desarrollo global para los 193 estados miembros de la ONU. La Agenda 2030 está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con cuyo cumplimiento se han comprometido todos los países. Estos 17 ODS plantean el fin de la pobreza extrema (ODS 1); una cobertura de salud universal (ODS 3); una educación de calidad para todos los niños (ODS 4); la igualdad de género (ODS 5); el trabajo decente para todos (ODS 8); la reducción de las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas (ODS 10); el fin del cambio climático causado por el hombre (ODS 13); el estado de derecho, con instituciones públicas efectivas (ODS 16), así como otros objetivos.

Estos objetivos y sus metas e indicadores asociados nos brindan un marco global para la acción en el cual encuadrar nuestros máximos esfuerzos para alcanzar los ODS a nivel nacional, regional e internacional. El fortalecimiento del sistema multilateral a través de la cooperación y el diálogo genuinos ayudará a renovar el contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos y a construir soluciones justas y sostenibles. Es preciso que los intelectuales, los líderes empresariales, los empleadores, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y especialmente los gobiernos nacionales, asuman colectivamente la responsabilidad de garantizar la justicia social y económica tanto hoy como en el futuro.

La justicia climática

Hay un estrecho vínculo entre el cambio climático, la creciente escasez de agua potable, la pérdida de biodiversidad y la desarticulación general de los vínculos sociales. Nunca antes la humanidad ha lastimado y maltratado tanto a nuestro planeta, “nuestra casa común”, como ha sucedido en las últimas generaciones. El cambio climático causado por el hombre constituye una crisis global de profundas implicaciones ambientales, sociales, económicas y políticas.

Si actuamos ahora, y si lo hacemos con firmeza, aún existe la posibilidad de detener las consecuencias más graves del cambio climático y de lograr el objetivo establecido en el Acuerdo de París para que la temperatura media mundial quede por debajo de 1,5 grados °C. Ampliar la red de transporte público a electricidad, sin emisión de carbono, es parte esencial de la lucha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abordar el cambio climático. Es necesario implementar políticas audaces, que se adapten a cada contexto nacional, y particularmente a las ciudades. Alcanzar la meta de emisiones cero en las ciudades solo es posible mediante una expansión inmediata y ambiciosa del sistema de transporte público, que debe ser accesible, de amplia cobertura, seguro y confiable a nivel mundial; además, es preciso migrar rápidamente a tecnologías de emisiones cero, tanto para los vehículos livianos como para los camiones.

La construcción de los sistemas de transporte público del futuro puede generar millones de puestos de trabajo de calidad a lo largo de la cadena de valor de la infraestructura y el transporte. También puede incorporar al mundo laboral a grupos previamente marginados y proporcionarles un empleo más seguro y calificado. Las áreas de compras del sector del transporte público tienen el potencial para incorporar procedimientos de trabajo decente, así como es preciso lanzar programas de capacitación y formación para mujeres, jóvenes y comunidades marginadas.

En la mayoría de las ciudades del mundo, existe una creciente brecha geográfica entre el lugar donde se encuentra disponible el trabajo y el lugar donde viven los sectores pobres y la clase trabajadora. El transporte público accesible, de amplia cobertura, seguro y confiable es una medida fundamental y eficaz para la reducción de la pobreza, que permite a las personas de escasos recursos y a los trabajadores acceder a empleos mejores remunerados y de mayor calidad.

También debemos procurar que haya una transición justa para los trabajadores actuales del sector del transporte y garantizar que los trabajadores del futuro gocen de salarios y condiciones laborales dignas, así como de la estabilidad en el empleo. Si se reducen las emisiones de gases relacionadas con el transporte, se crearán muchos empleos nuevos. Los trabajadores del transporte, tanto la fuerza laboral formal como la informal, deben participar activamente en la planificación y la implementación de estos sistemas públicos de mayor alcance. Los trabajadores que conducen taxis y minibuses hoy en día tienen las habilidades y la experiencia para dotar de personal a los nuevos servicios de movilidad pública del futuro.

Las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo

Las tecnologías aplicadas al lugar de trabajo, entre ellas la automatización, la digitalización y las tecnologías sin conductor, se utilizan para reemplazar, intensificar y reestructurar los procesos laborales. Su desarrollo y su uso generan tanto costos como beneficios sociales. Estas tecnologías se pueden utilizar para reestructurar los procesos laborales y pueden aportar muchos beneficios importantes en materia de eficiencia, medio ambiente y seguridad. Permiten mejorar tanto los servicios de transporte como el trabajo en el sector. Al eliminar las tareas rutinarias, algunas de estas tecnologías pueden hacer que el trabajo se vuelva más creativo y gratificante. También, pueden reducir los impactos ambientales negativos que causa la industria del transporte.

Sin embargo, hoy estamos ante una economía que acepta cada avance tecnológico con la sola expectativa de obtener una rentabilidad, sin la debida preocupación por los efectos adversos que los cambios podrían tener en los seres humanos. Los trabajadores y consumidores no deben aceptar sin más los altos costos sociales que la digitalización puede conllevar. La transición hacia estas nuevas tecnologías y su efectiva introducción deben considerar el elemento humano, incluidos los costos sociales, la disminución de la base impositiva, las afectaciones a los puestos de trabajo y las amenazas a la seguridad pública. La única forma de lograr esto es garantizar que, cuando se prevea la introducción a gran escala de nuevas tecnologías con efectos potencialmente perjudiciales para los trabajadores y la sociedad, los cambios se implementen consultando a los sindicatos, los responsables políticos y los referentes sociales.

La tecnología, sin duda, juega un papel importante en la conformación de nuestros lugares de trabajo y de nuestras sociedades. Por lo tanto, las personas en general, y los trabajadores en particular, deben verse beneficiados por el desarrollo tecnológico y participar en él. Cuando esto no sucede, la tecnología solo beneficia a una minoría, a la vez que excluye y frustra a grandes segmentos de la sociedad. La tecnología no puede separarse del poder político, porque quien detenta ese poder decide cómo se implementan las tecnologías y quién gana y quién pierde en el proceso. Los propietarios de los datos también se vuelven poderosos, porque una parte clave del cambio tecnológico de hoy es la capacidad de producir y analizar datos. El procesamiento masivo de datos puede contribuir a que los sistemas de transporte sean más eficientes, pero también puede causar la pérdida de la privacidad y darle un poder excesivo, político y de mercado, a quienes controlan los datos.

La supervisión democrática de las tecnologías digitales es clave para el desarrollo sostenible, especialmente cuando tienen el potencial de socavar las condiciones de trabajo y reducir el control que pueden tener los trabajadores. El equilibrio de poder entre los trabajadores y los empleadores determinará a favor de quién se resuelven estos problemas. Las empresas, los sindicatos y los gobiernos deben trabajar juntos para garantizar que la introducción de nuevas tecnologías no deje de poner al elemento humano en el centro del proceso.

Todos los trabajadores se verán afectados por la automatización y la introducción de nuevas tecnologías en el lugar de trabajo, pero los jóvenes se verán afectados de manera desproporcionada. Las tecnologías que están en etapa experimental de desarrollo pueden comenzar a alcanzar masa y escala dentro de 10 a 15 años, lo que significa que los trabajadores jóvenes de hoy día estarán a mitad de su carrera laboral cuando se sienta su impacto. Los gobiernos, los responsables políticos y los sindicatos deben trabajar juntos para garantizar planes de formación adecuados y una transición justa para todos los trabajadores que se verán afectados negativamente por los cambios constantes en las modalidades laborales, incluidas medidas para garantizar la capacitación y actualización permanente de los trabajadores, a fin de proteger sus derechos, sin que se eliminen los beneficios sociales. 

Cómo erradicar la esclavitud moderna

Al no compartir los beneficios del crecimiento, y ante el aumento de la desregulación y la afectación de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales y sindicales, se produjo una desigualdad del ingreso sin antecedentes; ¡hay en el mundo 26 personas que concentran la misma riqueza que la que reúnen las 3.750 millones de personas más pobres del planeta! Son demasiados los trabajadores que se ven obligados a aceptar empleos precarios que no les brindan ninguna seguridad laboral ni protección social, sin aportes jubilatorios ni acceso a beneficios sociales básicos, como la atención médica. En muchas partes del mundo, el transporte, especialmente el transporte urbano de pasajeros, se encuentra encuadrado principalmente dentro de la economía informal. En 2018, aproximadamente el 62% de la fuerza laboral total del planeta trabajaba en la economía informal. Debemos facilitar mecanismos para acceder a empleos justos, productivos y formales. Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas. A nivel mundial, tres de cada cuatro trabajadores jóvenes están dentro del mercado informal.

La esclavitud moderna tiene lugar en todo el mundo, en todas las industrias y en todos los sectores, tanto en la economía formal como en la informal. El informe de 2017 Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna, con unas 25 millones de personas sometidas a trabajos forzosos. Estos 25 millones de hombres, mujeres y niños son objeto de trata, retenidos contra su voluntad en condiciones de servidumbre por deudas o trabajan sometidos a condiciones de esclavitud. 

En 2017, los inspectores de la ITF recaudaron USD 38 millones en concepto de salarios impagos al personal marítimo. Estas cifras, aunque sorprendan, se repiten sin grandes variaciones año tras año. Gracias a las inspecciones de la ITF, fue también posible repatriar a marineros abandonados a su suerte y proporcionar alimentos y suministros básicos cuando los actores del sector marítimo recaen en conductas irresponsables y no respetan los convenios colectivos ni los derechos laborales. Y esto no sucede solamente en el sector marítimo. Por ejemplo, en diciembre de 2018, llegó a los titulares de los diarios la noticia de que los sindicatos expusieron el maltrato al que están sometidos los conductores filipinos en Dinamarca. Aprovechando las lagunas legales en las normas de la UE, hay empleadores sin escrúpulos que traen a los conductores a Europa desde Manila para trabajar por salarios bajísimos ($1060 dólares por mes). Esta explotación de los trabajadores no puede quedar sin respuesta.

La desregulación, la privatización, la subcontratación y la afectación de los derechos sindicales han creado un entorno propicio para la explotación de los trabajadores. Las corporaciones multinacionales, que se ubican en la cima de las cadenas de suministro mundiales, deben actuar con responsabilidad ante sus trabajadores y los millones de trabajadores que forman parte de la cadena de suministro mundial. La creciente tendencia a la subcontratación ha contribuido a crear condiciones de explotación sin precedentes, incluida la esclavitud moderna. Es fundamental que las empresas multinacionales trabajen junto con los sindicatos y los referentes sociales para establecer en conjunto los estándares mínimos que deben aplicarse en todos los niveles de la cadena de suministro para garantizar condiciones de trabajo justas, que brinden dignidad y respeto a los trabajadores. Juntos, debemos desarrollar una mayor responsabilidad mediante el desarrollo de criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad que puedan medirse y revisarse y estén regulados adecuadamente tanto a nivel nacional como internacional.

La erradicación de la esclavitud moderna está intrínsecamente relacionada con la eliminación de la violencia en el lugar de trabajo, que afecta muchísimo más a las mujeres. Sabemos que la violencia de género es una epidemia y que requiere un enfoque sistemático, por lo que debemos trabajar colectivamente para garantizar la aprobación de la convención sobre la violencia y el acoso laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando se trate en la segunda y última negociación en la Conferencia Internacional del Trabajo (ILC) en junio de 2019. La aprobación de esta convención proporcionará el marco legal para prevenir y abordar la violencia de género.

Es absolutamente inaceptable y aborrecible que, en el siglo XXI, con todas las riquezas que este mundo tiene, se siga sometiendo a las personas a la trata y a trabajos forzosos. Los sindicatos y las empresas deben trabajar cada vez más en conjunto con la sociedad civil para abordar e implementar medidas a fin de prevenir la esclavitud moderna, eliminar la violencia en el lugar de trabajo, garantizar que se cumplan las leyes laborales y que se castigue a los infractores en todos los niveles que corresponda. Los ODS van en este sentido, tal como se expresa con claridad en la impecable redacción del ODS 8.7: “erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de la esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas".

Conclusión

Todas las partes presentes se comprometen a entablar un diálogo permanente para fijar una agenda en común a fin de promover la justicia social, los derechos sindicales, el trabajo decente y la igualdad en el contexto del transporte moderno y de la sociedad en su conjunto. Nos comprometemos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en particular, con aquellos que buscan el fin de la pobreza, el fin de todas las formas de la esclavitud moderna y el fin del cambio climático causado por el hombre, como también pide la carta encíclica Laudato si’. Reconocemos que, para cumplir estos objetivos, debe haber cooperación, confianza y respeto mutuo. Estos serán los cimientos desde los cuales daremos respuesta colectiva a los nuevos desafíos que analizamos durante la cumbre. Podemos responder positiva y activamente a esos desafíos. Consideramos que este es un primer paso en la construcción de un vínculo entre todas las partes, que la responsabilidad que asumimos nos permitirá consolidar en pos de los objetivos planteados.